Crónicas y Reportajes

El apocalipsis en Calais

publicado en EL ESPECTADOR

 

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Las columnas de humo se levantan contra el cielo azul y centenares de personas se alejan de las llamas. Aceleran el paso, pero no corren. Sus pertenencias caben en un morral o, para los que tienen suerte, un carrito de supermercado. Algunos tratan de salvar una bicicleta o una guitarra. Un grupo de jóvenes empuja el remolque que ha sido su casa, otro sube en el techo de un jeep marcado con las siglas de una organización humanitaria. La escena pareciera ocurrir en Darfur, Pakistán o Afganistán (los que huyen la han vivido en esos sitios), pero tiene lugar en la frontera entre dos de los países más ricos y estables del mundo. Estamos en Calais, en el norte de Francia, y para todos los efectos prácticos, Inglaterra comienza aquí, en los camiones que pasan por la carretera para embarcarse en los ferris que atraviesan el Canal de la Mancha.

Esperando la oportunidad de subir a esos camiones, los migrantes han acampado desde hace veinte años en la zona, pero el caos en Libia, que abrió la ruta del Mediterráneo a quienes huyen de las guerras africanas, y la violenta represión del régimen sirio contra las ciudades que apoyaron un intento de rebelión, que ha empujado a millones de habitantes del país a intentar la travesía de Turquía y los Balcanes, dispararon el número de personas que intentan llegar al Reino Unido. Al mismo tiempo, los controles en el puerto de ferris y la entrada al Eurotúnel, limitaron drásticamente el número de personas que podían irse. De las carpas, se pasó a los tugurios y de los campamentos aislados a la favela conocida como “La Jungla”, en la que llegaron a vivir hasta diez mil personas.

 

“Esto hubiera podido ser un barrio, la gente ya había instalado sus comercios y tenía una vida de comunidad. Si el gobierno hubiera querido se habrían podido instalar redes de alcantarillado y dejado que la gente construyera casas de verdad”, decía el martes pasado Francois Guennoc, vicepresidente del Albergue de Los Migrantes, una de las ONG que coordinaban los centenares de voluntarios venidos de todo el mundo para dar una mano a los migrantes de “La Jungla”. La palabra “barrio” no es una figura retórica. Además de misceláneas, peluquerías, panaderías, “La Jungla” eran las casas en madera que llegaron a tener dos pisos, la del tridente en el barrio sudanés, el consultorio jurídico en el que abogados y estudiantes voluntarios ayudaban a las denuncias por los continuos abusos policiales, los consultorios médicos para vendar las heridas de quienes se caían tratando de encaramarse a los camiones, el rancho de Ismail Max, que me decía que si nada que encuentro un nombre para mi hijo lo puedo llamar como él, las cinco mezquitas y dos iglesias ortodoxas, la biblioteca para niños y la Escuela Laica del Camino de Las Dunas con sus clases de francés e inglés, donde cada día pasaban al menos cien alumnos más motivados que los de ningún otro colegio. En el barrio existían al menos setenta “restaurantes”, ranchos en madera en las que los refugiados preparaban para la venta platos típicos de sus países. Nombres como el “White Mountain”, el “Nuevo Kabul” y “Los tres idiotas” eran conocidos más allá de los límites de Calais, no sólo por la calidad de la comida, sino porque se convertían en lugares de encuentro en los que se tomaba té toda la noche y a veces se bailaba hasta la madrugada.

 

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A pesar de que las asociaciones insistieron durante meses en que esos lugares eran esenciales para la vida de La Jungla, el gobierno ordenó su cierre en septiembre pasado. Luego de esa victoria jurídica, el destino del asentamiento era cuestión de semanas, pero el verdadero éxodo comenzó el pasado lunes cuando las autoridades pusieron a disposición de los migrantes que lo desearan decenas de buses para repartirlos en refugios a lo largo del país. Al menos dos mil personas decidieron partir el primer día. Alrededor de mil más lo hicieron el siguiente. Esperaban obtener el estatus de refugiado político y ante la perspectiva de algunos meses en una habitación decente no parecía importarles saber que al cabo de tres meses si su solicitud no es aceptada serán deportados. El martes en la tarde se dio inicio “oficial” a la demolición, con una primera demostración en un área reducida del campo, con trabajadores humanitarios y en frente de la prensa. Fabienne Buccio, la representante del Ministro del Interior en la región, juró que el procedimiento tomaría el tiempo que fuera necesario para que las personas que vivían en el campo pudieran partir tranquilamente.

 

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A esa hora se producían los primeros incendios. Según la versión de las autoridades, una tradición afgana obliga a quemar la casa que uno abandona. Otros testimonios hablan de hombres encapuchados vestidos de negro. A la medianoche del martes, los migrantes corrían al interior del asentamiento tratando de despertar a los que dormían y de sacar las bombonas de gas fuera del perímetro antes de que explotaran. En la mañana del miércoles, mil policías antimotines rodearon el campo mientras decenas de incendios simultáneos comenzaban por todas partes. El fuego fue un excelente argumento para convencer a los recalcitrantes que se negaban a abandonar esa especie de ciudad que ellos mismos habían levantado.

 

Ni los migrantes, ni las asociaciones, ni los activistas, querían que La Jungla se eternizara. Esa breve utopía de autogestión se levantó en un lugar en el que diez mil personas compartían cien inodoros, las duchas no existían y se vivía entre el barro cuando llovía y entre el polvo cuando no. Donde las ratas pululaban entre montañas de basura y restos de comida y la policía lanzaba cada noche una lluvia de lacrimógenos por puro aburrimiento.

Sin embargo, todos hubieran preferido que el final de “La Jungla” fuera una política migratoria justa y no una simple dispersión de quienes allí vivieron, expulsados a la fuerza por el fuego.

En unos años esa cosa llamada a Europa va a mirar hacia atrás y no va a comprender cómo permitió que ocurriera “La Jungla” de Calais, su existencia y su destrucción.

 

 

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